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Vehículos

Contra el fraude, la estafa y la usura


52 fiscales regionales fueron comisionados para conocer los casos por vivienda, mientras que otros 46 atienden las denuncias por vehículos

 

 

 

Durante el año 2009 se registró en Venezuela un boom de compras y ventas programadas, rifas y otra serie de modalidades para la adquisición de viviendas y vehículos. Grupos enteros de familias y hasta particulares invirtieron los ahorros de toda su vida en este tipo de negociaciones, que meses más tardes resultaron ser un fraude.

Ante las puertas del Ministerio Público, la gente hacía colas para denunciar que fueron víctimas de alguna estafa por parte de empresas o personas, que valiéndose de la necesidad y urgencia de los demás, se llenaron los bolsillos sin importar en qué condiciones, psicológicas y económicas, dejaban a los afectados.

Eran sorprendentes las historias que se escuchabana las puertas de nuestra Institución, tanto por el número de personas engañadas como por la cantidad de dinero invertido por las víctimas, quienes confiaron en los promotores de negocios de diversa índole (inmobiliarios, vehículos, créditos y otros).

En vista de que cada día el número de personas afectadas crecía más, el 16 de junio de 2009, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, decidió crear el Plan contra el Fraude, Estafa y Usura, el cual tiene como objetivo la atención de las víctimas y de los hechos denunciados.

Con el Plan contra el Fraude, Estafa y Usura, cuyo alcance abarca todo el territorio nacional, se busca facilitar un mejor acceso a la justicia y a la seguridad ciudadana, a través de la atención directa de las personas o grupo familiar afectado, coadyuvando a la protección de las víctimas de dichos delitos, lo cual, valga decir, forma parte de los objetivos del Plan Estratégico del Ministerio Público 2008-2014.

Cabe resaltar que el Plan contra el Fraude, Estafa y Usura cuenta con un Coordinador General, figura que ocupa el Director de Delitos Comunes; 52 fiscales regionales en la modalidad de vivienda y 46 para atender las denuncias en el caso de vehículos; ocho fiscales nacionales y los Fiscales Superiores en cada jurisdicción, quienes fungen como coordinadores regionales.

Este equipo de trabajo está distribuido en los estados donde se registraron mayor número de denuncias, entre los cuales se encuentran, Zulia, Táchira, Carabobo, Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar y Área Metropolitana de Caracas.

Resultados
Entre los casos investigados por esta Comisión se encuentra el de Guillermo Zuloaga Núñez, y su hijo Guillermo Zuloaga Siso, quienes guardan relación con el almacenamiento irregular de 24 vehículos, que fueron localizados durante un allanamiento realizado el 21 de mayo de 2009, en una quinta ubicada en Los Chorros, en Caracas.

Por este mismo caso, el pasado 29 de junio, el Ministerio Público además de acusar a ambas personas ante el Tribunal 13° de Control del Área Metropolitana de Caracas, solicitó una orden de aprehensión contra padre e hijo y también que fuese acordada su extradición.

Zuloaga Núñez y Zuloaga Siso están acusados por incurrir presuntamente en los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento. Ambas personas se evadieron de la justicia venezolana y actualmente residen en los Estados Unidos.

En la fecha antes señalada, también fueron acusados por los mismos delitos, el propietario de Pakla C.A, Enrique Kshenoske, y la accionista de Toyo Club Valencia, Martha Roca.

La investigación se inició a raíz de una denuncia sobre un lote de vehículos que se encontraban en el patio de una casa propiedad de Guillermo Zuloaga, por lo que se organizó un allanamiento que coordinó el Ministerio Público, el cual fue ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Pero hay que precisar que este Plan no sólo conoce de casos de irregularidades con vehículos, sino también en la modalidad de estafa por viviendas.

El pasado mes de junio, luego de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fue pasado a juicio Domingo Alberto Guerra Robles, representante de Desarrollo 793, empresa que estafó conjuntamente con la compañía Venezolana de Bienes 2000, a un total de 3.000 familias que entregaron más de 3 millones de bolívares fuertes para la construcción de sus viviendas en el sector La Raiza, en los Valles del Tuy, estado Miranda.

El caso está en manos del fiscal 60° nacional, Ricardo Bravo, quien ha solicitado seis órdenes de aprehensión por estos mismos hechos; no obstante, las mismas no han podido ser materializadas, puesto que las personas presuntamente se encuentran prófugas de la justicia.

Cabe resaltar que Guerra Robles, quien está investigado por el delito de estafa continuada calificada, previsto en el 464, ordinal 1° del Código Penal, en concordancia con el 99 de la misma norma, no se encuentra detenido, pues actualmente tiene una medida cautelar sustitutiva de libertad.

En esta misma causa, se encuentra acusado por el delito antes mencionado, Alexis Palacios Repilloza, representante de la empresa Venezolana de Bienes 2000, quien es una de las seis personas sobre las que pesa orden de captura debido a que dejó de acudir a las citaciones del tribunal.

Engañados
Ejemplos como el señalado anteriormente sobran, pero hay otro que bien vale la pena nombrar por el número de víctimas que fueron engañadas, 204 en total, quienes no sólo invirtieron tiempo, sino también dinero para unas soluciones habitacionales que les prometieron y nunca fueron construidas.

Para ubicarnos en el tiempo, hay que remontarse a 1999 cuando José Francisco Marcano Caguana, Giovanny Celestino Marcano Caguana, Celestina Caguana y Mirian del Valle Mattey Quines, se asociaron para crear las empresas Inversiones Tina Antonia y House Proyect del Venezuela C.A, cuya firma personal consta en el Registro Mercantil VII, según Tomo 62-A-VII, bajo el número 47 de fecha 17 de agosto del mismo año.

Los negocios comenzaron a fluir cuando los directivos arriba nombrados- de ambas empresas comenzaron a captar personas para ofrecer viviendas en construcción tipo apartamento, viviendas tipo TA2 y tipo TA1 con opción a compra.

Los inmuebles supuestamente serían construidos en las parcelas de la Urbanización Tina Antonia, ubicada en los Nuevos Teques, frente a la Redoma del Indio, en el kilómetro 25 de la Carretera Panamericana, terrenos que los Marcano Caguana y Mattey aseguraban ser de su propiedad.

Para promocionar la construcción del complejo habitacional, efectuaron una campaña publicitaria constante en comunicados escritos y radiofónicos. Utilizaron hasta volantes en las calles, con el fin de captar mayor número de personas: todo el mundo quería mudarse
a Los Teques.

Hasta aquí todo tenía apariencia de legalidad. La situación comenzó a enturbiarse cuando una vez que dio inicio a la construcción de las viviendas, los Marcano Caguana y Mattey Quines, habrían realizado la duplicidad de negociaciones de las viviendas que ni siquiera habían terminado de construir.

En el escrito acusatorio que presentaron las fiscales 8º y 59º nacionales, Mery Gómez y Marisol Zakaría, respectivamente, sostienen que la irregularidad se evidencia en el documento de opción a compra autenticado, el cual se duplica, sin capacidad de respuesta, según lo planeado en la construcción.

Ante toda esta situación, el 20 de febrero de 2009, las fiscales del caso, solicitaron al Tribunal 4º de Control del estado Miranda la orden de aprehensión contra las cuatro personas antes mencionadas por la presunta comisión del delito de estafa calificada continuada, prevista en el artículo 464, en relación con el artículo 77, numerales 5, 9 y 99 del Código Penal, vigente para la fecha de los hechos.

De este grupo de personas no se tenía información hasta el 27 de abril de este año, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas aprehendieron a Mirian del Valle Mettey Quines, quien fue acusada por el delito antes mencionado, el 11 de junio de 2010.

Actualmente, el Ministerio Público se encuentra a la espera de que el Tribunal 4º del Control de Miranda, fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar.

Mega estafa
Hay personas, hechos, situaciones o circunstancias que por su trascendencia se han convertido en referentes históricos, para bien o para mal. En Venezuela, por ejemplo, así como se conoce del caso La Vuelta en Maracaibo, no podemos dejar de nombrar, la secta “Fundación Dios Sí Existe”, cuyo grupo presuntamente estafó a más de mil personas, lo cual habría dejado ganancias para los victimarios por más de 60 millones de bolívares fuertes.

El modus operandi era el siguiente: captaban a sus víctimas en concentraciones religiosas, en las cuales ofrecían ventas de inmuebles y vehículos, y a cambio de ello, solicitaban que depositaran dinero en cuentas personales.

La “Fundación” estafó personas en varios estados, entre ellos Zulia, Aragua, Miranda, Yaracuy, Barinas, que son los casos que se conocen; sin embargo, la organización operaba desde la urbanización El Portón de Los Olivos y la Lagunita Country Club del Hatillo, en el estado Miranda.

Luego de varias investigaciones por parte del Ministerio Público, el año pasado fueron aprehendidas cinco personas, entre ellas la abogada y ex jueza del estado Carabobo, Milagros Lourdes de Prieto, así como Mayra Aponte Da Silva, Clementina Boccardo, Félix Aponte y Jesús Cuello Arrieta.

Cabe destacar, este grupo de personas, quienes se encuentran acusadas por presuntamente incurrir en los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales y asociación para delinquir, están privadas de libertad, a la espera de que el Tribunal 6° de Control del Área Metropolitana fije la fecha para la realización de la audiencia preliminar.
El caso está a cargo de la fiscal 59° nacional, Marisol Zakaría.


Texto: Reinaldo Vargas

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